Artículo
(Fecha: 20/06/2002)

MANIOBRAS DEL OFICIALISMO CON LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley y Director, LECG LLC
[ P ]Hay ya varias empresas de servicios públicos en situación de cesación
de pagos
[ P ]Se deben eliminar la fijación de precios máximos, e imponer penalidades por
mala calidad

** Nota **Las propuestas de ley introducidas recientemente por el oficialismo para imponer condiciones operativas más duras a las empresas privatizadas bien podrían llamarse ‘leyes de extorsión’. El oficialismo las introdujo supuestamente para mejorar la regulación de los servicios públicos. El objetivo presunto es obligar a las empresas privatizadas a que éstas mantengan el mismo servicio si el cliente no paga, y mejoren sus servicios aún en condiciones operativas deficitarias. Sin embargo, estos proyectos de ley no beneficiarán a los consumidores. Todo lo contrario. En realidad, el oficialismo busca el apoyo de las empresas privatizadas en sus negociaciones con los entes internacionales, como contrapartida a un mejoramiento de sus condiciones regulatorias.
Las empresas privatizadas pueden reaccionar a estas propuestas legislativas de varias maneras. Una alternativa posible es no hacer nada. Dado que estas leyes afectan directamente sus contratos de concesión, las empresas incluirán estos requerimientos en los tópicos a renegociar, cuando la administración se decida a renegociar los contratos.
Otra alternativa de las empresas es hacerle el juego al oficialismo, y llevar a cabo las acciones que el oficialismo desea: hacer lobby en el FMI y otros organismos para que se apure el acuerdo con la Argentina. Sin embargo, la estrategia óptima de las empresas privatizadas es precisamente no jugar este juego. Para jugarlo, los políticos tienen que tener un cierto nivel mínimo de credibilidad.
Lamentablemente, los políticos argentinos hoy no tienen credibilidad alguna, tanto para con sus conciudadanos como para con los inversores extranjeros. Por lo tanto, las empresas privatizadas saben que estas leyes serán o no pasadas independientemente de sus esfuerzos de lobby con el FMI.
No es una estrategia óptima para las empresas realizar un fuerte lobby en las casas matrices para que sus respectivos gobiernos intenten influenciar al Fondo, con el consecuente costo político, para que después estas leyes sean pasadas de todos modos. Esta maniobra populista del oficialismo llevará, entonces, a que los costos de estos cambios regulatorios sean pagados no por las empresas privatizadas, sino por los consumidores.
El costo de los cambios regulatorios para los consumidores se verá cuando al renegociar los contratos de concesión éstos sean extendidos por aún más años, cuando se les deba otorgar a las privatizadas condiciones más limitantes a la competencia de las que se deben dar, cuando se concedan aumentos de precios mayores que los que se darían (diferidos, sí, pero aumentos en última instancia), cuando se eliminen más aún otros requerimientos de inversión, etc, etc.
Es hora de que los políticos argentinos aprendan de la experiencia y comiencen a pensar en forma responsable. Si lo que les interesa es promover el bienestar de los consumidores de servicios públicos entonces se debe parar con los cambios unilaterales en las condiciones de operación y pasar a renegociar los contratos de concesión en forma honesta.
Esto implica reconstituir la ecuación financiera de las empresas, destrozada por la congelación de precios que siguió a la devaluación. Las empresas de servicios públicos están mostrando pérdidas muy elevadas y hay ya varias en situación de cesación de pagos.
Si bien su situación económica se vio agravada por la recesión, una gran parte de sus pérdidas provienen de la suspensión de los contratos. La renegociación debe simplificar más que complicar la regulación. Se deben eliminar los requerimientos de inversión, despolitizar la fijación de precios máximos, e imponer penalidades por mala calidad. Pero esto se debe hacer dentro de la renegociación y no usar amenazas de legislación irracional como instrumento de extorsión



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